38 Vol. 12, n.º 2 - 2026, julio-diciembre
CIENCIA, CULTURA Y SOCIEDAD. ISSN-E 2709-2593
UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR
REESTRUCTURACIÓN DEL DERECHO FAMILIAR: UN ANÁLISIS
CRÍTICO DE LA JURISPRUDENCIA SOBRE REDES DE CUIDADO,
FAMILIAS ENSAMBLADAS Y RESPONSABILIDAD PARENTAL
EN MÉXICO
Restructuring Family Law: A Critical Analysis of Jurisprudence on Care Networks, Blended Families,
and Parental Responsibility in Mexico
Sharon Joselyn Balderas Arellano
Profesora de Asignatura Interina de la licenciatura en
Derecho, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, México
https://orcid.org/0009-0009-9216-2536
912450@pcpuma.acatlan.unam.mx
DOI: https://doi.org/10.69789/ccs.v12i2.892
Recibido: 14/9/2026 Aceptado: 12/10/2026
RESUMEN
Este análisis y crítica de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 152/2025 (11a.) de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y la tesis aislada XVII.1o.C.T.13 C (11a.) del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Civil y de Trabajo del XVII Circuito tiene como objetivo el visibilizar sus aportaciones,
no solo al derecho familiar aplicable en México, sino también al fortalecimiento del sistema
de justicia mexicano y, al mismo tiempo, dejar un precedente para países que en un futuro
inmediato busquen dar solución a diversas controversias de carácter similar.
El estudio y análisis de estas resoluciones judiciales permiten llevar a cabo una reconfiguración
del derecho familiar mexicano, no solo tomando en consideración a las familias convencionales,
sino también aquellas que se encuentran bajo un enfoque de género y derechos humanos, donde
se toma en cuenta criterios como el de control de convencionalidad y la interseccionalidad,
teniendo su antecedente en el caso de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile.
Estas dos jurisprudencias mencionadas y la sentencia de la Corte Interamericana superan
Arculo de revisión
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ensambladas y responsabilidad parental en México. Sharon Joselyn Balderas Arellano. Pp. 38-46. Ciencia, Cultura y
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paradigmas formalistas, teniendo por objeto brindar protección a las redes cotidianas de
cuidado, garantizando la responsabilidad parental, tomando como eje rector los principios de
no discriminación y democratización al acceso a la justicia para todas las estructuras familiares.
Palabras clave: diversidad familiar, cuidador ideal, dinámicas familiares, interseccionalidad,
perspectiva de género, desestereotipación jurídica
ABSTRACT
This study and critical analysis of Supreme Court of Justice of the Nation jurisprudential
thesis 1a./J. 152/2025 (11a.) as well as isolated thesis XVII.1o.C.T.13 C (11a) issued by the First
Collegiate Court for Civil and Labor Matters of the Seventeenth Circuit, aims to highlight their
contributions not only to family law applicable in Mexico, but also to the strengthening of the
Mexican justice system, while establishing a precedent for countries that, in the near future,
may seek to resolve various disputes of a similar nature.
The study and analysis of these judicial rulings make it possible to reconfigure Mexican family
law by considering not only conventional family structures, but also those examined from a
gender and human rights perspective, incorporating criteria such as conventionality control
and intersectionality, with a precedent established in the 2012 case of the Inter-American
Court of Human Rights Atala Riffo and Daughters v. Chile.
These two judicial precedents and the Inter-American Court’s judgment overcome formalistic
paradigms to protect everyday care networks while guaranteeing parental responsibility,
guided by the principles of non-discrimination and the democratization of access to justice for
all family structures.
Keywords: family diversity, ideal caregiver, family dynamics, intersectionality, gender
perspective, legal destereotyping.
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INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, el derecho de familia en
México, específicamente en la regulación que
comprende las redes familiares, en sus códigos
se erigió sobre una concepción jurídica básica; lo
que entendemos por instituciones familiares se
estructuraba en relación con la patria potestad,
es decir, la dominación tutelar de los padres
hacia los hijos, tomando en consideración el
modelo estereotipado de familia tradicional,
el cual se comprende de padre, madre, hijos
biológicos surgidos del matrimonio.
Esta visión dejaba invisibilizadas a las dinámicas
socioafectivas reales de la población mexicana,
imponiendo con ello una división imaginaria
de los roles de crianza asignados, no solo
dejando a las mujeres a cargo de estos cuidados,
sino también poniendo en una posición de
desproporción a cualquier configuración de
familia diversa o a aquellas redes comunitarias
y extendidas que asumieron estos roles de
cuidado (Suprema Corte de Justicia de la Nación
[SCJN], 2020).
Con el tiempo y en acompañamiento a reformas
constitucionales y en materia de derechos
humanos con la incorporación del principio
de interés superior de la niñez en el artículo
4.o constitucional y la obligatoriedad del
juzgamiento con perspectiva de género (artículo
1.º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos [CPEUM]) (1917, art. 1.º y
4.º) forzaron una relectura del ordenamiento
jurídico familiar. Dicha doctrina ha pasado por
un proceso de adaptación ante las necesidades
sociológicas en las cuales las familias
reconstruidas o ensambladas, monoparentales
y redes de cuidado se han hecho más presentes
(Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes [LGDNNA], 2014/2026).
En el presente artículo se lleva a cabo el análisis
de dos pronunciamientos de la Corte:
●La tesis de jurisprudencia 1a./J. 152/2025
(11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (Guarda y custodia,
2025), que determina la inaplicabilidad
del estándar de “mayor beneficio” y fija el
estándar de “riesgo de daño” cuando un
progenitor legal busca retomar la guarda
y custodia retenida de hecho por terceros
cuidadores.
●La tesis aislada XVII.1o.C.T.13 C (11a.) del
Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil
y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito
(Familia ensamblada, 2024), que reconoce la
legitimación procesal activa de los integrantes
de familias ensambladas para promover el
juicio de amparo indirecto en defensa de su
núcleo familiar
Teniendo como objetivo central el estudio
de cómo estos criterios judiciales plasman la
desarticulación de los sesgos que existen en
función del “cuidador ideal”, se deja visible la
función social que tienen las redes informales de
cuidados sin necesidad de fracturar la relación
parental y, a su vez, dando acceso a la justicia
proporcionado al realizar el reconocimiento de
la pluralidad familiar.
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METODOLOGÍA
La investigación es basada en una metodología
dogmático-jurídica, integrando un análisis
interseccional y de perspectiva de género; dicho
análisis se encuentra basado en los siguientes
tres ejes principales:
1. Análisis dogmático-jurisprudencial: Se
efectuó el análisis del texto, la justificación y
los precedentes de la tesis de jurisprudencia
para contar con el panorama del criterio
normativo de la patria potestad a la
responsabilidad parental regulada en la
LGDNNA (2014), así como el alcance de la
legitimación procesal en el juicio de amparo
(Ley de Amparo, 2013).
2. Marco con perspectiva de género e
interseccionalidad: Atendiendo a los
sesgos de las resoluciones en primera y
segunda instancia, los cuales fueron la
motivación para la aplicación del Protocolo
para Juzgar con Perspectiva de Género
de la SCJN (2020) y la categorización de
interseccionalidad permitió evaluar cómo el
nivel socioeconómico, el género, el estado
civil y algunas eventualidades de fuerza
mayor (como la pandemia por COVID-19)
impactan en el juzgamiento de las relaciones
familiares.
3. Control de convencionalidad e integración
del Corpus Iuris Internacional: Se cotejaron
las resoluciones nacionales con el Corpus Iuris
de los derechos humanos de las mujeres y la
niñez, concretamente con los artículos 11.2
(protección de la vida privada y familiar), 17.1
(protección a la familia) y 19 (derechos del niño)
de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH) (1969) en concordancia
con la Convención sobre los Derechos del
Niño (1989) y con la doctrina fijada por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH) en la sentencia emblemática del
Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile (2012).
RESULTADOS
El análisis de ejecutorias y tesis es un hallazgo
jurídico sustancial que sirve para reconfigurar
los litigios familiares en México, tomando en
consideración los siguientes elementos:
• Problema jurídico principal:
Tesis de jurisprudencia 1a./J. 152/2025
(11a.) (Guarda y custodia, 2025): ¿Qué
estándar probatorio aplica para negar
la custodia a un progenitor que busca
retomar el cuidado de sus hijos retenidos
por terceros cuidadores?
Tesis aislada XVII.1o.C.T.13 C (11a.)
(Familia ensamblada, 2024): ¿Tienen
legitimación en el amparo los integrantes
de una familia ensamblada (ejemplo,
padrastro) ante actos que disuelven o
afectan el núcleo familiar?
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• Estatus legal de la familia:
Tesis de jurisprudencia 1a./J. 152/2025
(11a.): Red de cuidado extendida tras el
fallecimiento de la madre y custodia por
pandemia.
Tesis aislada XVII.1o.C.T.13 C (11a.):
Familia ensamblada (madre, esposo/
padrastro e hijas de un matrimonio o
relación previa).
• Criterio jurídico:
Tesis de jurisprudencia 1a./J. 152/2025
(11a.): Es inaplicable el criterio y estándar
de “mayor beneficio”. Se exige la probatoria
de “riesgo de daño” para negar la custodia
al progenitor.
Tesis aislada XVII.1o.C.T.13 C (11a.):
Legitimación procesal activa reconocida
a los miembros de la familia ensamblada
para promover el juicio de amparo.
• Derecho tutelado:
Tesis de jurisprudencia 1a./J. 152/2025
(11a.): Responsabilidad parental, derecho
a crecer en la familia de origen, interés
superior de la niñez, no discriminación por
clase/género (CPEUM, 1917, art. 4.º).
Tesis aislada XVII.1o.C.T.13 C (11a.):
Derecho a la protección de la familia (art.
4 CPO y 17 CADH) (CPEUM, 1917, art.
4.º), vida privada (CADH, 1969, art. 11.2) e
interés legítimo procesal.
Resultados del análisis de la tesis de
jurisprudencia 1a./J. 152/2025 (11a.)
Derivado del juicio en cuestión, en el cual, tras
la muerte de la madre y el resguardo temporal
de los menores con sus abuelos y su tía por
cuestiones pandémicas, la familia extendida se
negó a restituir a los niños a su padre.
En primera instancia judicial, se le otorga la
guarda y custodia de los hijos a los abuelos
maternos y a su tía bajo la premisa de que ellos
eran quienes otorgaban un “mayor beneficio” a
los menores, ofreciendo un entorno adecuado
para ellos. Por otro lado, la SCJN revoca dicho
criterio alegando que no se puede tomar en
consideración el término “mejor beneficio” para
negar la restitución parental de los menores;
en todo caso, se debe tomar en consideración
el estándar de “riesgo de daño”, es decir, debe
demostrarse fehacientemente que el retorno de
la guarda y custodia al padre o la madre para
con sus hijos implica un riesgo de daño grave y
real para la integridad física, psicoemocional y
desarrollo integral de la niñez (Guarda y custodia,
2025; LGDNNA, 2014).
El criterio de garantizar el interés superior del
menor no faculta a los juzgadores para negar la
restitución de sus hijos y sancionar a los padres
que, por limitantes económicas, crisis de duelo
o asuntos de fuerza mayor, busquen apoyo en
sus redes familiares alternas, colocando a dichas
redes como “cuidadores ideales”.
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Resultados del análisis de la tesis aislada
XVII.1o.C.T.13 C (11a.)
El Primer Tribunal Colegiado en relación con
el caso del padrastro (cónyuge de la madre)
que promovió un juicio de amparo indirecto
contra determinaciones judiciales promovido
por el padre biológico de sus hijastras, en el
cual se solicitaba la restitución de las menores
y suspensión de las convivencias maternas.
Dicho Tribunal Colegiado determinó que
se debe guardar la protección de las familias
ensambladas, tomando en consideración que
la familia nacida de la unión de una pareja
donde uno o ambos miembros tienen hijos de
relaciones previas constituye un núcleo familiar
protegido de manera previa por la constitución
en su artículo cuarto (CPEUM, 1917; Familia
ensamblada, 2024).
Invocando la doctrina interamericana (Caso
Atala Riffo y niñas vs. Chile, 2012), el tribunal
determinó que imponer un concepto único y
tradicional de “familia normal” (padre, madre
e hijos biológicos) constituye una injerencia
arbitraria en la vida privada (CADH, 1969,
art. 11.2); se prohíben conceptos cerrados de
familia. Las familias ensambladas que incluyen a
los padrastros y madrastras poseen legitimación
para promover juicios contra autoridades que
promuevan la disolución del núcleo familiar en
sus resoluciones (Ley de Amparo, 2013, art. 5.º).
DISCUSIÓN
En dicho estudio se rescataron dos puntos
importantes; en relación con el primer caso, se
puede analizar la deconstrucción del precepto
de “cuidador ideal”. La Primera Sala de la
SCJN apoya desmantelar viejas prácticas de
implementación de justicia, obligándolos a
tomar en consideración el interés superior
del menor; el no hacerlo implicaría una
discriminación sistémica de impartición de
justicia (Guarda y custodia, 2025).
En términos de práctica forense, el juzgador
emplea el criterio de “mayor beneficio” hacia la
parte que posee mayores recursos materiales,
vivienda de mayor dimensión, mejor nivel
educativo y mejores redes de apoyo familiares.
En el caso de análisis en donde se aprecia a
un padre afectado en cuestiones de salud,
económicas, laborales, por la pérdida de su
esposa por cuestiones de pandemia, lo cual lo
lleva a recurrir a su red alterna familiar, es decir,
los padres de su esposa, representa una estrategia
para garantizar el bienestar de sus hijos. En una
primera instancia, esta estrategia fue utilizada
en su contra, dando paso a que los abuelos y
tía argumentaran tener un mayor derecho que
el padre sobre los menores, tomando como
referencia que son ellos quienes pueden ofrecer
“mejores condiciones de vida”; por ello son “más
adecuados” para ejercer la guarda y custodia.
Desde un enfoque de género, estas condiciones
adecuadas están clasificadas y condicionadas a
determinantes estructurales de clase y género,
ya que en México existe no solo un sesgo dentro
de la implementación del sistema de justicia,
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sino también de manera estructural en donde
se entiende que, debido a la asignación de roles
impuestos socialmente, un padre debería ser un
buen proveedor en todos los sentidos, sin tomar
en consideración agentes externos que pudieran
impedírselo; un buen padre no pediría la
participación y apoyo de sus redes alternas para
poder ofrecer una vida de calidad a sus hijos y,
lastimosamente, criterios de este tipo aún son
tomados en cuenta por juzgadores, dejando
en total desprotección a aquellos padres que
quieren que les sea restituido su derecho sobre
sus hijos (SCJN, 2020).
La SCJN de manera muy acertada exige a los
terceros la comprobación de “riesgo de daño”
(violencia física o psicológica, negligencia
grave, abandono doloso o alteración emocional
severa) para negar la restitución de los hijos a
su progenitor legal. La SCJN analiza que este
caso va más lejos que la reposición de la patria
potestad; reconoce que la niñez tiene un derecho
primordial y dentro de ello es desarrollarse
dentro de su núcleo familiar de origen, a menos
que permanecer dentro del mismo implique
poner en riesgo su integridad (Guarda y custodia,
2025; LGDNNA, 2014).
En el segundo análisis, en relación con la
legitimación procesal y el reconocimiento de
las familias ensambladas, se estudia la necesidad
de tutelar jurídicamente los vínculos afectivos
que surgen de las familias ensambladas (Familia
ensamblada, 2024).
El concepto de “familia ensamblada” abarca
aquellas estructuras donde al menos uno de los
integrantes de la pareja tiene hijos provenientes
de una relación previa. A pesar de ser uno de
los modelos familiares de mayor crecimiento
en América Latina, los entes encargados de
impartición de justicia dejan esta clase de
estructuras en un limbo procesal, ya que las
legislaciones civiles no le otorgan un grado
de parentesco a figuras afines (padrastros y
madrastras); las autoridades judiciales solían
negarles toda intervención en procedimientos
de orden familiar. En este análisis se buscó
el vínculo afectivo y convencional, aunque
existiera la ausencia de uno consanguíneo; del
mismo modo, busca ser solidario al momento
de buscar otorgar legitimación procesal a la
afectación al núcleo familiar (Ley de Amparo,
2013; CADH, 1969).
Los beneficios obtenidos dentro de este tipo de
casos son generar un impacto transformador en
el sistema de justicia civil y constitucional y así
reducir el moralismo judicial que aún existe.
CONCLUSIONES
El presente análisis refuerza la transformación
del derecho familiar mexicano como lo
conocemos, en un modelo rígido tradicional
centrado en la consanguinidad y en estereotipos
de género. La protección de la familia implica
hoy en día todas las formas de organización
doméstica, en las cuales se toma en consideración
el interés superior del menor, en donde este
pueda desarrollar lazos afectivos, de solidaridad
y cuidado mutuo para su pleno goce y desarrollo
de la niñez, tomando en consideración la opinión
de los menores, ya que son en quienes recaen las
determinaciones finales (CPEUM, 1917, art. 4.º;
Convención sobre los Derechos del Niño, 1989).
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La tesis de jurisprudencia 1a./J. 152/2025 (11a.)
marca un hito para no permitir la discriminación
institucional a la cual se enfrentan algunos
padres al negarles la restitución de un hijo,
tomando en consideración que hoy por
hoy debe ser acreditado un riesgo de daño
y no un mayor beneficio frente a terceros,
erradicando el término de “cuidador ideal”
(Guarda y custodia, 2025).
Por otro lado, y como parte del estudio de la tesis
aislada XVII.1o.C.T.13 C (11a.), democratiza el
acceso a la justicia constitucional al reconocer
que los integrantes de las familias ensambladas
poseen un interés jurídico y legítimo pleno para
promover el juicio de amparo. Esto promueve la
protección de los hogares ensamblados que son
muy comunes en México y en otras partes del
mundo, en donde se deja de lado el ego personal
en un intento de obtener una resolución
favorable y lo que pondera es lo que mejor
convenga a los intereses de los menores para el
buen desarrollo de su niñez (Familia ensamblada,
2024; Ley de Amparo, 2013).
Los beneficios que puedan surgir de estos nuevos
criterios dependen de su correcta aplicación por
parte de los juzgadores. Por ello es fundamental
la capacitación constante del personal que lleva a
cabo la impartición de justicia en temas actuales,
como lo son la deconstrucción de antiguos
criterios de ley y aceptación de todos aquellos
que surgen a raíz de los cambios sociales
que suceden diariamente, los cuales vienen
cargados de temas como la interseccionalidad,
aplicabilidad del derecho con perspectiva de
género, análisis de casos que se encuentran en
situaciones precarias y cómo ello lleva a tomar
determinaciones como que alguien más ejerza la
guarda y custodia de un menor y lo complicado
que puede resultar recuperarla o solicitarla
dependiendo de la situación particular (SCJN,
2020).
Con dichas actualizaciones en estos temas, los
juzgadores se encontrarán en posibilidad de
garantizar la protección de la responsabilidad
parental sin sesgos de clase o de género y
contribuyendo a continuar con los retos de
operativización que pudieran presentarse en
materia judicial.
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